Por Mempo Giardinelli
En medio de la crispación general y con visiones apocalípticas por parte de quienes temen ver afectados sus intereses, el proyecto presidencial de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está por ser debatido en el Congreso como una de las leyes fundamentales que normarán la República en los próximos años.
Eso mismo explica la pasión con que se ataca, desvirtúa y distorsiona el proyecto. La ya frecuente actitud de oposición a todo lo que sale de la Rosada enturbia, antes que esclarece, una discusión seria. Y es que este debate es tan importante que puede decirse que estamos asistiendo a un final de época. Y ya se sabe que no hay parto que no sea doloroso.
El proyecto que envió el Ejecutivo responde a las expectativas que muchos comunicadores planteamos a lo largo de 25 años de democracia. La legislación de la dictadura, todavía vigente, es hoy un mamarracho jurídico insostenible, no sólo por su origen sino por las sucesivas enmiendas de todos los presidentes desde Alfonsín en adelante, incluyendo al binomio Kirchner, que sólo sirvieron para favorecer los intereses de empresarios amigos del poder de turno.
Pero también contiene, es cierto, puntos oscuros que deberán perfeccionarse en bien de la democracia y la información. Por caso, contemplar frenos estrictos a toda posible discrecionalidad y establecer controles plurales y democráticos. En ese sentido está muy bien que la oposición reclame cambios, garantías y seguridades antiautoritarias.
Pero lo que no está bien son las chicanas dilatorias. Esta ley puede y debe ser discutida en el Congreso, ahora mismo, porque es un parlamento válido y porque además el argumento de "esperar al 10 de diciembre" es demasiado sospechoso de posibles nuevos cajoneos.
Es indispensable, y urgente, que esta nueva ley se sancione porque moderniza y porque aún con sus posibles fallas es de claro sentido antimonopólico y democratizador.
La libertad de crítica y condena al Gobierno que hay en este país es única, inédita hasta ahora, y eso es buenísimo. Por eso las comparaciones con Venezuela son absurdas y ciertas histéricas reacciones, como estamos viendo, son patéticas: niegan, silencian, recortan y censuran, mientras dicen que está en peligro la libertad de expresión. Es lo que han hecho siempre.
Por su lado, el Gobierno tendrá que aflojar en puntos esenciales para merecer el apoyo incluso de sectores que hoy, por no quedar "pegados" con los K, son capaces de alinearse con lo más reaccionario del país. Hará falta mucha sabiduría y delicadeza para no cometer los errores de otras veces.
Pero hay que confiar en este debate, estimularlo y estar alertas como sociedad, aunque no de manera paranoica ni belicista. Ya hemos ganado muchísimo los argentinos: discutir esto que hoy discutimos era impensable hasta hace sólo cinco años. Enhorabuena.
Eso mismo explica la pasión con que se ataca, desvirtúa y distorsiona el proyecto. La ya frecuente actitud de oposición a todo lo que sale de la Rosada enturbia, antes que esclarece, una discusión seria. Y es que este debate es tan importante que puede decirse que estamos asistiendo a un final de época. Y ya se sabe que no hay parto que no sea doloroso.
El proyecto que envió el Ejecutivo responde a las expectativas que muchos comunicadores planteamos a lo largo de 25 años de democracia. La legislación de la dictadura, todavía vigente, es hoy un mamarracho jurídico insostenible, no sólo por su origen sino por las sucesivas enmiendas de todos los presidentes desde Alfonsín en adelante, incluyendo al binomio Kirchner, que sólo sirvieron para favorecer los intereses de empresarios amigos del poder de turno.
Pero también contiene, es cierto, puntos oscuros que deberán perfeccionarse en bien de la democracia y la información. Por caso, contemplar frenos estrictos a toda posible discrecionalidad y establecer controles plurales y democráticos. En ese sentido está muy bien que la oposición reclame cambios, garantías y seguridades antiautoritarias.
Pero lo que no está bien son las chicanas dilatorias. Esta ley puede y debe ser discutida en el Congreso, ahora mismo, porque es un parlamento válido y porque además el argumento de "esperar al 10 de diciembre" es demasiado sospechoso de posibles nuevos cajoneos.
Es indispensable, y urgente, que esta nueva ley se sancione porque moderniza y porque aún con sus posibles fallas es de claro sentido antimonopólico y democratizador.
La libertad de crítica y condena al Gobierno que hay en este país es única, inédita hasta ahora, y eso es buenísimo. Por eso las comparaciones con Venezuela son absurdas y ciertas histéricas reacciones, como estamos viendo, son patéticas: niegan, silencian, recortan y censuran, mientras dicen que está en peligro la libertad de expresión. Es lo que han hecho siempre.
Por su lado, el Gobierno tendrá que aflojar en puntos esenciales para merecer el apoyo incluso de sectores que hoy, por no quedar "pegados" con los K, son capaces de alinearse con lo más reaccionario del país. Hará falta mucha sabiduría y delicadeza para no cometer los errores de otras veces.
Pero hay que confiar en este debate, estimularlo y estar alertas como sociedad, aunque no de manera paranoica ni belicista. Ya hemos ganado muchísimo los argentinos: discutir esto que hoy discutimos era impensable hasta hace sólo cinco años. Enhorabuena.
el autor es escritor . y la nota la realizó para La Nación ( esperemos que el socio de Clarinete no nos haga una denuncia por colocarla en el blog ......)
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